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AL FORO “EL DERECHO A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS” LOS DÍAS 28 Y 29 DE MARZO Información: Psic. Enrique Hernández López enrike_5218@hotmail.com

lunes, 5 de marzo de 2007

LAS JUBILACIONES EN LA UAP.

Nota publicada en la Jornada de Oriente


28 de febrero de 2007
Sección: Opinión


José L. Meléndez

Concluida la revisión contractual en la UAP, y aún desconociendo los términos precisos en que fue realizada, es posible adelantar algunas consideraciones a partir de los elementos que fueron puestos a discusión.
En lo estrictamente laboral, el núcleo de acuerdos parece constreñirse a los términos relativos a la jubilación, como parte de los cuales se presentaron esencialmente dos líneas de modificación: la forma de calcular la pensión para quienes se jubilen a partir del año en curso, y la ampliación del período de servicios necesario para adquirir el derecho a jubilarse.
Sobre el cálculo de la pensión, ésta se establecerá promediando el salario de los últimos cinco años laborados, lo que nos regresa a los primeros años de vigencia de los contratos colectivos de trabajo en la Benemérita, recortándose así el derecho de los trabajadores a percibir una pensión íntegra en base al último salario devengado. Pero esto tiene además otro efecto perverso, pues como resultado tendremos una situación de excepción consistente en que quienes se jubilen a partir de ahora recibirán una pensión inferior a la que obtienen quienes se encuentran ya jubilados por haber ejercido su derecho conforme a las disposiciones contractuales anteriores. De esta manera, habremos jubilados con una pensión inferior a la de quienes se jubilaron en puestos o categorías similares. Debe decirse también que una medida como la descrita en los hechos cancela casi la mitad de los incrementos salariales correspondientes al período tomado como base. Veamos un ejemplo: si partimos de un salario de diez mil pesos mensuales en 2001, y consideramos para los años siguientes incrementos salariales anuales de 4 por ciento en promedio, para 2007 tendremos un monto de 12,166 pesos, cantidad que al aplicársele el promedio se convierte en 11,265 pesos.
Ciertamente la Ley Federal del Trabajo remite a cada contrato colectivo las condiciones específicas para la jubilación, pero no admite la posibilidad de que se recorten derechos laborales esenciales.
Se ha dicho que las medidas apuntadas pretenden corregir la carga financiera que representa la elevada nómina de jubilados.
Pero ¿por qué enfocar los esfuerzos a ese renglón del gasto, sin antes efectuar una valoración de éste en su conjunto? ¿Por qué calificar como problema la nómina de jubilados y no algún otro renglón del presupuesto, el destinado a los medios, por ejemplo? Se olvida que quienes a la fecha se han jubilado se incorporaron a la UAP en los años setenta o antes y prestaron sus servicios en un período que amén de conflictivo se caracterizó por ser el de la consolidación institucional. Estos trabajadores no fueron un problema en esos momentos, pero al parecer lo son ahora.
El régimen de jubilaciones es sólo una arista –quizá una de las más filosas presupuestalmente- de una problemática más amplia que requiere una solución integral.
Si observamos las cosas con un limitado criterio contable, las medidas que se perfilan pudieran ser consideradas racionales y hasta cierto punto efectivas. Pero el asunto tiene otras dimensiones que en una institución cuyo quehacer es netamente académico, debieran ser abordadas con esa óptica.
No se nos ha presentado un diagnóstico integral de la situación en que se encuentran las finanzas universitarias; por lo mismo, aceptar las medidas apuntadas y los argumentos con que se pretende justificarlas es imposible.
Se anuncia el sacrificio, si puede llamársele así, de la jerarquía universitaria, que ha anunciado su disposición a renunciar al incremento correspondiente a este año. Pero tal anuncio debe entenderse, al mismo tiempo y sobre todo, como el reconocimiento implícito de que sus cargos se encuentran generosa, si no es que excesivamente pagados.
Se anuncia también que se suprimirá la extensión salarial por cuatro años al salario de los ex directores de Unidad Académica, pero esto y lo anterior habrá de traducirse en ahorros exiguos e insuficientes para por lo menos paliar la debilidad presupuestaria de nuestra institución.
De no hacerse un examen a fondo nos arriesgamos a que, así como hoy se pretende ajustar la pensión jubilatoria en base a un promedio, más adelante se proponga ajustar de la misma manera los salarios de los trabajadores en activo.
No se ha presentado, decíamos, un panorama certero de la situación presupuestaria de nuestra Universidad; se requiere de ello si lo que se pretende es corregirla de manera definitiva o por lo menos duradera. No se ha justificado atacar el problema por el lado de la nómina de jubilados, pero aún si se demostrara que tal enfoque es pertinente, hace falta analizar con detalle tal cuestión.
No basta con decir que tal nómina asciende a tanto, o que tenemos tantos jubilados, como tampoco basta con su proyección a cierto número de años.
Lo que requerimos es conocer la estructura de esa nómina.
Debe darse a conocer cómo está integrada; si nuestros jubilados eran académicos, empleados no académicos o funcionarios; con cuantos años de servicio se jubilaron; si todas las jubilaciones concedidas son procedentes, especialmente las de ex funcionarios; cuántos ex rectores figuran en ella (con salario de rector, desde luego), y cuál es el impacto específico de cada gremio en la nómina global de pensionados.
De conocerse los datos seguramente encontraríamos que el mayor peso, porcentualmente y en términos absolutos, corresponde a quienes fueron trabajadores académicos. Ello debido a su número y a que sus pensiones, aunque inferiores a las de los ex funcionarios jubilados como tales, superan las de quienes fueron trabajadores no académicos.
La cuestión es, en el fondo, cómo retener a nuestros trabajadores, sobre todo a los académicos. En la realidad encontramos que al jubilarse, un académico se integra a alguna otra institución educativa, y ello después de haberse formado durante su estancia en nuestra Universidad, después de haber sido patrocinado por ella para realizar posgrado o cursos de formación y/o especialización; después de haber adquirido una experiencia invaluable que habrá de ser usufructuada por otra institución, por lo general privada.
De tal manera que la universidad pública está subsidiando a otras instituciones, sobre todo privadas, sin obtener nada a cambio y sí desperdiciando valiosos recursos. Además, en relación a este aspecto debe revisarse la decisión de cubrir las plazas de quienes se jubilan, tratándose de académicos de carrera, con contrataciones por horas. Esta Universidad presume de una elevada relación profesores de carrera/alumnos, lo que le permite negociar en mejores condiciones las asignaciones presupuestales gubernamentales. De continuar esta práctica, esa relación decrecerá y las dificultades para obtener subsidio aumentarán.
Resolver lo anterior presupone valorar adecuadamente el trabajo académico, reconocerle su peso e importancia como el factor que principalmente ha permitido que nuestra Universidad alcance reconocimiento. Pero ello significa retribuir salarialmente, de manera adecuada, a nuestros profesores e investigadores. Disuadirlos, por medio de un salario que corresponda a la naturaleza de su actividad, de jubilarse para trabajar en otro lado y de esa manera, mediante una pensión exigua y un sueldo complementario, elevar sus ingresos.
Se requiere un esfuerzo institucional en tal dirección. No es incorrecto que un sargento gane doce mil pesos mensuales a partir de enero de este año; lo que subleva es que un académico de tiempo completo gane menos por una actividad cualitativamente superior.
Lo que está en juego es la perdurabilidad de la UAP como institución académica y no como entidad que existe sólo para ser administrada.
Es necesario romper con la relación con los órganos gubernamentales en la que se privilegia el futuro personal de nuestras autoridades y se descuida el de la Universidad.
También es necesario que los trabajadores activos se inquieten, por lo menos, ante la forma en que los dirigentes gremiales conducen los asuntos colectivos. En el país sobran ejemplos de lo que ocurre cuando los trabajadores se deciden a restablecer la conducción democrática de sus organizaciones. Esperemos que eso ocurra pronto.