C. ENRIQUE AGÜERA IBAÑEZ
RECTOR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PRESENTE
Los suscritos, académicos y trabajadores administrativos de la institución, hemos observado con creciente preocupación el método seguido por la administración para promover su decisión de imponer un modelo de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones en nuestra universidad.
A la opacidad con que se ha manejado la información relacionada con la situación financiera de la institución; al igual que la relacionada con el perfil sociodemográfico y tamaño de la nómina de los trabajadores académicos, administrativos y del personal directivo que labora en la universidad; así como al retraso en la difusión o franco ocultamiento de los documentos firmados entre usted y los secretarios generales de dos de las organizaciones gremiales, ha añadido usted la descalificación de quienes hemos servido a esta universidad durante décadas.
Es deplorable que en su discurso aparezcan constantemente los adjetivos para denostar a universitarios que han ejercido su derecho a solicitarle información pública y comprobable de sus dichos. No somos ajenos al debate ni a la formulación de propuestas de carácter institucional, tampoco al análisis de la problemática académica y cultural de nuestra universidad, por el contrario con nuestras actividades, desde las más modestas hasta las que obtienen reconocimientos estatales, nacionales e internacionales, se sostienen los indicadores de calidad que le permiten a usted solicitar recursos para nuestra institución; en resumen somos quienes desempeñamos nuestras labores cotidianas de docencia e investigación los depositarios del prestigio universitario que usted presenta a la sociedad como logros personales a través de costosas campañas publicitarias.
Hemos mantenido una actitud responsable de consulta abierta de la comunidad, los resultados de esta consulta han perfilado la necesidad de abordar integralmente la problemática de las jubilaciones y pensiones en nuestra universidad, pero ¿Qué significa esto?
1.- Hay una dimensión laboral sin lugar a dudas. En esta dimensión usted ha procedido a firmar, junto con los secretarios de dos de las organizaciones gremiales de la universidad dos tipos de documentos: Contratos Colectivos y un Reglamento de Pensiones y Jubilaciones.
a) En el primer caso ha usted violado principios jurídicos aplicando retroactivamente normas, así mismo ha introducido procedimientos de excepción que rompen con la igualdad y la equidad en las relaciones laborales, amén de desarrollar procedimientos coactivos que constituyen abiertas violaciones a diversas disposiciones jurídicas.
b) En el segundo caso se ha abrogado atribuciones que la legislación universitaria no le confiere, ni a usted ni a las representaciones gremiales. Usted no tiene facultades reglamentarias, las cuales son reservadas en exclusiva al Consejo Universitario. (Artículo 14 fracción segunda de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
2.- También hay una dimensión financiera de esta problemática, al respecto se le ha solicitado a usted la siguiente información:
a) El estudio actuarial completo y no solo el resumen de los que sus funcionarios interpretan como resultados del mismo.
b) La nómina del personal activo y de los jubilados en la institución. Esta información forma parte de la que usted convino hacer pública de acuerdo con el convenio firmado entre usted y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz el 31 de julio de 2006 y que en su cláusula segunda establece "La Universidad se obliga a contar con una página de Internet, sin limitación alguna en su acceso, en la que dará a conocer todos los ingresos que pague por concepto de remuneraciones al trabajo personal a cualquier persona física, ya sean servicios personales independientes o subordinados.
La información a que hace referencia el párrafo anterior, deberá desagregarse en puestos, tratándose del trabajo personal subordinado; en el caso de remuneraciones al trabajo personal independiente, la información deberá desagregarse por el tipo de servicios de que se trate. En ambos casos, la información deberá contener, además, las prestaciones que en dinero o en especie, correspondan. Igualmente deberá especificarse el número de personas que ocupan los puestos, haciendo el desglose por niveles. En el caso de servicios personales independientes, se deberá especificar el número de personas contratadas en cada tipo de servicios". Si hubiera usted hecho pública esta información tal vez se hubiera evitado parte de la polémica, en que involuntariamente la universidad ha sido involucrada, entre el Contador Alvarez Arronte y el Presidente municipal relativa a las personas que en los dichos del contador cobran o cobraban en la universidad.
c) También se le ha solicitado a usted información completa de la situación financiera de la universidad, en particular:
1.- Situación de los ingresos y egresos universitarios pues la diferencia entre los aprobados por el Consejo Universitario y los realmente ejercidos entre 2001 y 2005 suman 4,435.506. 88 millones de pesos más.
II.- Información sobre algunos de los bienes patrimoniales de la institución y su situación jurídica actual, particularmente la extienda de los trabajadores universitarios y que hoy ocupa una empresa de televisión por cable, así como la relación de bienes que la universidad tiene por ley y que comparte propiedad con la beneficencia pública.
III.- De manera señalada la evolución de los estados financieros de las empresas universitarias agrupadas bajo las siglas de Promotora Universitaria y Promociones Universitarias, particularmente interesa conocer el destino de los ingresos globales de estas entidades los cuales sumaron, entre el año
1999 y 2005, 2,055.979 millones de pesos. Entre otras razones queremos saber porqué durante su gestión al frente de la BUAP estos ingresos disminuyeron brutalmente pasando de 500,828 millones de pesos en el año 2003, a solo 259,848 millones en el año 2005.
Cualquier propuesta responsable y no demagógica a la solución de la problemática financiera de la institución exige del manejo de estos elementos. Reiteramos a través de este escrito nuestra disposición a analizar responsablemente esta dimensión de la problemática señalada.
3.- Pero también hay una dimensión académica de esta problemática, que es a la que la inmensa mayoría de los universitarios les preocupa y a la sociedad debiera preocuparle y que se refiere a los indicadores de calidad de nuestra institución, amén de analizar otras variables es un hecho de que estos indicadores están sustentados, entre otros, en una planta académica de carrera que inició sus labores docentes e investigativas en los últimos 30 años.
En los últimos 15 años la institución abandonó las políticas de formación y reclutamiento de docentes e investigadores de manera consistente. La combinación de una política de congelamiento de plazas de carrera, el abandono de los exámenes por oposición como mecanismo académico de contratación y promoción del personal académico y la sistemática disminución de los salarios reales en la universidad, aunado al manejo discrecional de las contrataciones, han impedido la renovación generacional ordenada de esta planta.
El programa de retención por estas razones no puede circunscribirse a una oferta del 6.2% de incremento sobre salarios base, reducido a esto significa ignorar los intereses académicos de la universidad y de la propia sociedad. Por la gravedad de la situación este solo aspecto requiere de la celebración de un conjunto de foros que permitan poner al día los mecanismos académicos y jurídicos que incentiven la permanencia de nuestros universitarios. La trayectoria de esta planta académica es la que ha sostenido los indicadores de calidad de esta universidad y por ello es indispensable incorporados al diseño de los mecanismos que permitan su permanencia.
Por todas estas razones le solicitamos a usted:
1.- Cesar con sus discursos calumniosos hacia los grupos de universitarios que opinan diferente a usted o sus funcionarios.
2.- Cesar en la utilización de los mecanismos de control administrativo y de coacción para imponer medidas abiertamente violatorias del orden jurídico interno y externo.
3.- Iniciar las acciones de orden institucional que permitan la participación responsable, comprometida y técnicamente necesaria para diseñar una salida integral a la problemática expuesta.
H. PUEBLA DE Z., A 1 DE MARZO DE 2007
RÚBRICAS
