La danza de los viejitos
Nota publicada en la Jornada de Oriente
28 de febrero de 2007
Sección: Economía a Retazos
Miguel Ángel Burgos Gómez
El viernes 23 de los ‘corrientes’, el SUNTUAP, sindicato que la autoridad universitaria no reconoce como tal, realizó una consulta abierta sobre la aceptación o no de los acuerdos firmados por los sindicatos que esa autoridad si reconoce. En particular los que se refieren a la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones. Cuando unos días antes vi una declaración oficial que decía que esos acuerdos eran dolorosos pero necesarios, comprendí para quienes eran necesarios y a quienes nos tocaba lo ‘doloroso’. Desconozco como me afectará ese nuevo régimen, pues los pormenores serán decididos por una comisión. Es decir, por un mecanismo discrecional que manejará la forma en que serán tratados aquellos que aún no cumplen 25 años de antigüedad. Como a mi ninguna autoridad universitaria, ni ninguna instancia sindical me pregunto nada antes de firmar esos acuerdos, ese día fui y opiné con los únicos que me estaban preguntando algo al respecto. También le firme un documento a un colega. Porque no estoy de acuerdo con algo que me parece anticonstitucional. No soy jurista, ni abogado, ni investigador de la Facultad de Derecho, pero el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución de nuestro país dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Si esto se cumple, a nadie que haya sido contratado antes del 15 de febrero de 2007 se le puede privar del derecho de jubilarse si ya cumplió o cuando cumpla, en un futuro cercano o lejano, los 25 años de labores. Así lo establece el contrato vigente hasta ese día. Si la interpretación que se hace es la de que sólo quien ha cumplido ya 25 años tiene el derecho adquirido, entonces no tiene ningún sentido firmar acuerdo alguno al respecto pues desaparece todo punto de referencia: si hoy se aumenta a 30 o a 35 años de labores el requisito de jubilación a quienes ya lo tienen fijado para los 25, mañana pueden ser 40, 45 o 50 o hasta morir. Es como si supieras la hora de entrada a la jornada de trabajo pero no supieras la hora de salida y a cada minuto te la fueran posponiendo. No soy ingenuo, la Constitución se viola a menudo en muchos renglones y lugares. Pero si en una Universidad se violan las reglas de la retroactividad de la ley, entonces desaparecerá todo vestigio de eso que quienes gobiernan, muy preocupados, llaman Estado de Derecho. No habrá límite para ellos ni protección alguna para nadie. Pero hay otro camino: se puede, respetando esa ley, negociar abiertamente, en primera instancia, con quienes podrían jubilarse en los próximos 5 años y estoy seguro que la mayoría está dispuesta a trabajar más allá de los 25 años. Muchos lo están haciendo ahora. Otros, jubilados ya, hasta quieren regresar a trabajar sin cobrar extra. He escuchado muchas propuestas, creativas, propositivas, serias y con la camiseta de la BUAP puesta, con tal de amortiguar las dificultades financieras de la Institución. Pero también escuché a un colega profesor, pararse frente a una urna de la consulta del viernes pasado y decir a sus compañeros, palabras mas, palabras menos: “Nomás les digo que esa lista de los que están participando en esto va a llegar a las autoridades y uno por uno van a tener su reprimenda, no digan que no se los advertí.”. No se si lo dijo de buena fe. Yo deseo que el caso se reconsidere y la tolerancia y el artículo 14 prevalezcan. A la autoridad le conviene dialogar con el “senado universitario”, es decir, con los ‘viejitos’, pues corre el rumor de que saben más que el mismísimo diablo. No olvidar el papel que esta Universidad ha jugado como interlocutor, amortiguador o catalizador de conflictos sociales en la historia de Puebla. Por el bien de todos, el momento amerita recordar esas lecciones.
La Jornada de Oriente del 28 de febrero de 2007.
El viernes 23 de los ‘corrientes’, el SUNTUAP, sindicato que la autoridad universitaria no reconoce como tal, realizó una consulta abierta sobre la aceptación o no de los acuerdos firmados por los sindicatos que esa autoridad si reconoce. En particular los que se refieren a la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones. Cuando unos días antes vi una declaración oficial que decía que esos acuerdos eran dolorosos pero necesarios, comprendí para quienes eran necesarios y a quienes nos tocaba lo ‘doloroso’. Desconozco como me afectará ese nuevo régimen, pues los pormenores serán decididos por una comisión. Es decir, por un mecanismo discrecional que manejará la forma en que serán tratados aquellos que aún no cumplen 25 años de antigüedad. Como a mi ninguna autoridad universitaria, ni ninguna instancia sindical me pregunto nada antes de firmar esos acuerdos, ese día fui y opiné con los únicos que me estaban preguntando algo al respecto. También le firme un documento a un colega. Porque no estoy de acuerdo con algo que me parece anticonstitucional. No soy jurista, ni abogado, ni investigador de la Facultad de Derecho, pero el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución de nuestro país dice: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Si esto se cumple, a nadie que haya sido contratado antes del 15 de febrero de 2007 se le puede privar del derecho de jubilarse si ya cumplió o cuando cumpla, en un futuro cercano o lejano, los 25 años de labores. Así lo establece el contrato vigente hasta ese día. Si la interpretación que se hace es la de que sólo quien ha cumplido ya 25 años tiene el derecho adquirido, entonces no tiene ningún sentido firmar acuerdo alguno al respecto pues desaparece todo punto de referencia: si hoy se aumenta a 30 o a 35 años de labores el requisito de jubilación a quienes ya lo tienen fijado para los 25, mañana pueden ser 40, 45 o 50 o hasta morir. Es como si supieras la hora de entrada a la jornada de trabajo pero no supieras la hora de salida y a cada minuto te la fueran posponiendo. No soy ingenuo, la Constitución se viola a menudo en muchos renglones y lugares. Pero si en una Universidad se violan las reglas de la retroactividad de la ley, entonces desaparecerá todo vestigio de eso que quienes gobiernan, muy preocupados, llaman Estado de Derecho. No habrá límite para ellos ni protección alguna para nadie. Pero hay otro camino: se puede, respetando esa ley, negociar abiertamente, en primera instancia, con quienes podrían jubilarse en los próximos 5 años y estoy seguro que la mayoría está dispuesta a trabajar más allá de los 25 años. Muchos lo están haciendo ahora. Otros, jubilados ya, hasta quieren regresar a trabajar sin cobrar extra. He escuchado muchas propuestas, creativas, propositivas, serias y con la camiseta de la BUAP puesta, con tal de amortiguar las dificultades financieras de la Institución. Pero también escuché a un colega profesor, pararse frente a una urna de la consulta del viernes pasado y decir a sus compañeros, palabras mas, palabras menos: “Nomás les digo que esa lista de los que están participando en esto va a llegar a las autoridades y uno por uno van a tener su reprimenda, no digan que no se los advertí.”. No se si lo dijo de buena fe. Yo deseo que el caso se reconsidere y la tolerancia y el artículo 14 prevalezcan. A la autoridad le conviene dialogar con el “senado universitario”, es decir, con los ‘viejitos’, pues corre el rumor de que saben más que el mismísimo diablo. No olvidar el papel que esta Universidad ha jugado como interlocutor, amortiguador o catalizador de conflictos sociales en la historia de Puebla. Por el bien de todos, el momento amerita recordar esas lecciones.
La Jornada de Oriente del 28 de febrero de 2007.
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